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Informalidad

  • Foto del escritor: Politinfo
    Politinfo
  • 23 ene 2021
  • 2 min de lectura

La informalidad es un problema en el Perú debido a los daños a la economía que acarrea. Gran parte de los negocios en nuestro país recurren a estas prácticas para evadir el control del Estado sobre sus ganancias lo que trae consigo la pérdida de beneficios y servicios que se ofrecen a los negocios formales como; la protección policial y judicial, el acceso al crédito formal, un seguro médico, y la capacidad de participar en los mercados internacionales. Todo esto da como resultado la pérdida de gran parte del capital que debería llegar al Estado.


En los últimos años la informalidad en nuestro país se fue reduciendo de forma muy lenta (2007 llegaba al 80%, pasando a 72% en el 2016, 73% en el 2017, 72% el 2018 y 72% el 2019), pero lamentablemente con la llegada del covid-19 a nuestro país y la crisis económica que esto trajo, la informalidad en nuestro país comenzó a aumentar. El desempleo causado por esto llevó a miles de peruanos a buscarse la vida en la calle, empleos no formales con muchos riesgos. Antes de la pandemia el 73% del comercio era informal, después de la llegada del virus estamos bordeando el 90% del comercio lo cual causó la caída del PBI del país. A todo esto, se añade la casi nula participación del Estado en intentar combatir la informalidad.


La informalidad es causada por varias razones, en general, la informalidad prevalece cuando los costos de formalizarse (tributarios, laborales, tarifas, trámites, permisos, etc.) son mayores a los servicios ofrecidos por el Estado.

Para resolver esta problemática varios economistas coinciden en una misma respuesta la cual consiste en que el Estado asista a las empresas para ayudarlas en el área legal y empresarial para que logren formalizarse y el otro sería promover más empleos en las medianas/grandes empresas.


Algunas de las propuestas actuales para combatir la informalidad son las siguientes:

  • Democracia directa propone que se le muestre a cada peruano que adquiere un bien o servicio, en que se invierte cada porcentaje de su IGV, de esta manera alentaría a los ciudadanos a pedir comprobantes de pago lo que llevaría a muchos negocios a formalizarse.


Esta propuesta no es viable debido a que al mostrar la división del IGV este no es real ya que el porcentaje mostrado no va ir íntegramente a la SUNAT. Dichos negocios rebajan el crédito de las compras que realizan y pagan la diferencia entre el IGV de venta y el IGV de compra.



  • Alianza Para el Progreso plantea a incorporar incentivos económicos para llevar empresas a la formalización.


En el plan de gobierno de esta agrupación hablan de incentivar a las empresas para formalizarse, pero no explican cómo van a incentivar o cuáles serán estos incentivos, por lo que es una propuesta ambigua y vacía.



 
 
 

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